En una sesión reservada y bajo un clima de alta tensión, la mayoría de la bancada de Morena en el Congreso local formalizó su ruptura con la gobernadora Layda Sansores. El conflicto estalló tras la negativa de 10 de los 16 legisladores guindas a aprobar una deuda pública de mil millones de pesos solicitada por el Ejecutivo. Como respuesta política, los diputados aprobaron restaurar el fuero constitucional para servidores públicos, una protección legal que había sido eliminada en la entidad desde el año 2016.
La crisis escaló cuando agentes ministeriales rodearon el Palacio Legislativo, lo que obligó a varios legisladores a atrincherarse en sus oficinas ante el temor de detenciones arbitrarias. El presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, denunció presiones directas de la administración estatal para forzar la aprobación del paquete fiscal, asegurando que la dignidad legislativa no es negociable. Por su parte, la dirigencia estatal de Morena calificó el movimiento como una traición, mientras se pactaban nuevas alianzas con la oposición para reorganizar la Mesa Directiva.
La gobernadora Layda Sansores condenó enérgicamente la restitución del fuero, calificándola como un retroceso que protege intereses partidistas y se aleja del mandato popular. No obstante, la medida beneficia directamente a varios legisladores que actualmente enfrentan investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción y otros delitos. Esta fractura representa el desafío político más significativo para el gobierno de Sansores, en un momento donde la armonía con la agenda federal de austeridad y transparencia parece haberse quebrado en el estado.
