Víctimas de esquemas financieros e inmobiliarios acusan procesos legales lentos y sin resultados concretos.
Andrea invirtió 14 millones de pesos de sus ahorros en la firma Capital Tech, dirigida por Rogelio de los Santos, como parte de su plan de retiro tras vender su negocio de fabricación de uniformes. En noviembre de 2024 un abogado de la financiera le informó, sin mayor explicación, que la empresa no contaba con fondos para devolverle su dinero. Desde entonces enfrenta llamadas de abogados y presiones para aceptar apenas entre el 12 y el 25 por ciento de lo invertido.
El caso de Andrea no es aislado. Nuevo León atraviesa lo que varios afectados describen como un auge de fraudes ligados a desarrollos inmobiliarios y firmas de inversión, entre ellos Proyectos 9, Creare Residences, Tamayo Capital, Peak Investment, Trínitas y Préstamo Feliz. Mario González, afectado por Proyectos 9, señaló que las víctimas necesitan investigaciones eficaces que determinen responsabilidades y logren una reparación real, no solo expedientes abiertos.
Liliana Leal, vocera de más de 400 afectados por Proyectos 9, atribuyó la multiplicación de estos casos a la ausencia de una ley que proteja a quienes invierten su patrimonio, además de una presunta complicidad entre desarrolladores, notarios y autoridades. Otra víctima relató que la incertidumbre sobre el destino de su dinero ha afectado su salud, mientras continúa a la espera de una resolución.
