El Gobierno de la Ciudad de México denuncia graves irregularidades y violaciones al debido proceso en contra de la afectada
María Guadalupe Sánchez, una mujer de 61 años con severas discapacidades visuales y auditivas, fue vinculada a proceso por el delito de despojo agravado tras negarse a desalojar el cuarto donde ha vivido toda su vida en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía capitalina atrajo el caso debido a las denuncias de su defensa, que califica la situación como parte de una «mafia del despojo» operada por presuntas empresas inmobiliarias que judicializan predios habitados por adultos mayores para construir edificios de departamentos.
El Gobierno de la Ciudad de México emitió un posicionamiento oficial en el que advierte que el caso está plagado de irregularidades que evidencian deficiencias en la impartición de justicia, señalando además que la medida cautelar que obliga a la mujer a firmar semanalmente en el juzgado es desproporcionada. Asimismo, las autoridades locales denunciaron que Sánchez sufrió discriminación por parte de sus propios abogados de oficio durante las audiencias iniciales, en las cuales se le llegó a sugerir que abandonara su hogar de 30 metros cuadrados para trasladarse a un albergue público.
La defensa legal de la afectada advirtió que la presión se mantiene al límite, ya que se programó una nueva audiencia para la próxima semana en la que, de no acceder a la entrega del inmueble, se podría dictar una orden de prisión preventiva. Mientras el Instituto de la Vivienda (Invi) ya se desmarcó públicamente de supuestos promotores que ofrecían preventas del espacio en redes sociales, los vecinos de la zona se han organizado para respaldar a la mujer, quien actualmente sobrevive gracias a los apoyos económicos gubernamentales.
