La presidenta de México alista una iniciativa de ley ante el Congreso tras las detenciones de alcaldes de Morelos vinculados al Cártel de Sinaloa
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión con el objetivo prioritario de blindar los procesos electorales e impedir que personas con vínculos comprobados o bajo investigación por nexos con la delincuencia organizada puedan postularse a cargos de elección popular. El anuncio de esta propuesta de ley se da en un momento de alta sacudida política tras los resultados de la «Operación Enjambre» en el estado de Morelos.
El proyecto de reforma contempla modificaciones estructurales a las leyes electorales para endurecer los filtros de fiscalización y los requisitos de elegibilidad de los aspirantes en los tres niveles de gobierno. Entre los puntos principales, la propuesta otorgará facultades ampliadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para auditar de forma obligatoria y en tiempo real el patrimonio y las cuentas bancarias de los precandidatos, bloqueando de manera automática el registro de aquellos que muestren discrepancias financieras o financiamientos de procedencia ilícita.
La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que el Estado mexicano no tolerará la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas ni la compra de voluntades políticas para controlar las corporaciones de seguridad locales. Con este andamiaje legal, el Gobierno de México busca cortar de tajo el modus operandi expuesto en las recientes investigaciones federales —donde se evidenció el financiamiento de campañas por parte del Cártel de Sinaloa— y obligar a los partidos políticos a asumir una responsabilidad penal y corresponsabilidad directa sobre los perfiles que postulan en las urnas.
