La nueva normativa busca frenar lanzamientos arbitrarios y garantizar el derecho a una defensa técnica para familias vulnerables
El Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas a la Ley de Vivienda orientadas a fortalecer la seguridad jurídica de los inquilinos y poseedores de inmuebles, estableciendo candados estrictos para evitar desalojos forzosos que no cumplan con el debido proceso. Esta modificación legal, impulsada en el marco de la política social de la administración actual, obliga a las autoridades judiciales a garantizar que ninguna persona sea lanzada de su hogar sin haber agotado todas las instancias de mediación previa y sin contar con una defensa legal adecuada, especialmente en casos que involucren a adultos mayores, menores de edad o personas con discapacidad.
Uno de los puntos clave de la reforma es la creación de un protocolo de actuación obligatoria para los actuarios y fuerzas de seguridad, el cual prohíbe los desalojos en horarios nocturnos o bajo condiciones climáticas extremas. Asimismo, se establece que el Estado deberá ofrecer alternativas de reubicación temporal o refugio en situaciones donde el desalojo sea inevitable por causas de fuerza mayor o sentencias definitivas, evitando que las familias queden en situación de calle. La normativa también contempla sanciones severas para los propietarios o despachos de cobranza que utilicen métodos de intimidación o violencia física para recuperar inmuebles.
Con esta reforma, México busca alinearse con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y el derecho constitucional a una vivienda digna. Organizaciones civiles han celebrado la medida como un avance histórico contra la «mafia inmobiliaria» y los lanzamientos exprés que proliferaron en zonas de alta plusvalía. Por su parte, el sector inmobiliario ha manifestado su preocupación por que estos mecanismos puedan ralentizar los procesos legítimos de recuperación de propiedades, aunque el Gobierno Federal ha enfatizado que el objetivo principal es equilibrar el derecho de propiedad con la protección de la integridad y dignidad humana de los sectores más desprotegidos.
