Autoridades aplican deportaciones y multas millonarias por violaciones a la Ley de Bienes Nacionales
Cancún, Quintana Roo.— En un operativo masivo coordinado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la PROFEPA y la Fiscalía General, autoridades mexicanas detuvieron a varios ciudadanos estadounidenses por la privatización ilegal de zonas federales durante la madrugada del 14 de marzo. Las acciones resultaron en el desmantelamiento de muros de concreto, vallas y carteles de «propiedad privada» en regiones costeras de Baja California, Nayarit y Quintana Roo. Los implicados utilizaban guardias de seguridad privados para impedir el acceso a residentes locales, violando el derecho constitucional al libre tránsito en las costas del país.
El gobierno federal advirtió que estas acciones contravienen el Artículo 27 de la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales, las cuales establecen que las playas son propiedad de la nación y de libre acceso. Los responsables enfrentan sanciones económicas que superan el millón de pesos por daños ambientales y restricción de acceso a espacios públicos. Asimismo, el Instituto Nacional de Migración ha procedido con deportaciones exprés en casos específicos donde se registraron agresiones o actitudes racistas contra ciudadanos mexicanos durante el cumplimiento de la ley.
Investigaciones adicionales revelaron que muchos de los extranjeros detenidos fueron víctimas de estafas inmobiliarias orquestadas por redes de corrupción que involucran a exfuncionarios. Estos grupos vendieron contratos fraudulentos por sumas millonarias bajo la promesa de «playas privadas», una figura jurídica inexistente en el marco legal de México. Con este operativo, el Estado busca no solo liberar los espacios públicos, sino también desarticular a las mafias que engañaron a los compradores con promesas de exclusividad territorial prohibidas por la legislación vigente.
