Un comité de expertos de Naciones Unidas concluye que la medida afecta de forma desproporcionada a las mujeres y vulnera el principio de presunción de inocencia
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), emitió un enérgico llamado al gobierno de México para que elimine de su Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa (PPO). Esta resolución, publicada en marzo de 2026, surge tras el análisis del caso de 22 mujeres que permanecieron recluidas en el CEFERESO 16 de Morelos durante más de una década sin haber recibido una sentencia, lo que el organismo calificó como una forma de detención arbitraria y discriminación de género.
Los puntos clave de la postura del organismo internacional son:
• Impacto desproporcionado: La ONU documentó que la PPO afecta más severamente a las mujeres, quienes a menudo enfrentan procesos más largos y carecen de redes de apoyo o atención médica adecuada en prisión.
• Violación de tratados: El comité reiteró que la aplicación automática de la cárcel para ciertos delitos contraviene las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, al eliminar la facultad del juez para analizar cada caso de forma individual.
• Hacinamiento y tortura: Expertos de la ONU advirtieron que esta medida contribuye al colapso del sistema penitenciario y aumenta el riesgo de que los detenidos sean víctimas de tratos crueles o degradantes durante esperas que pueden superar los 15 años.
Esta recomendación se suma a la presión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya había ordenado a México reformar el artículo 19 constitucional. A pesar de estos llamados, el Congreso mexicano recientemente amplió el catálogo de delitos que ameritan esta medida automática, incluyendo actividades relacionadas con el fentanilo y la extorsión, lo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha calificado como un «retroceso regresivo».
La respuesta del gobierno federal ha sido defender la PPO como una herramienta necesaria para combatir la impunidad y la criminalidad de alto impacto. Sin embargo, la resolución de la ONU pone de manifiesto la urgencia de transitar hacia un modelo de prisión preventiva justificada, donde sea el Ministerio Público quien demuestre ante un juez la necesidad de mantener a una persona en prisión antes de ser juzgada, garantizando así el respeto al debido proceso.
