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Nuevo León ante un vacío judicial: El déficit de jueces alcanza niveles críticos

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El estado se posiciona entre los últimos lugares a nivel nacional en número de personas juzgadoras por habitante, poniendo en riesgo la celeridad de la justicia

De acuerdo con datos recientes del INEGI (marzo de 2026) y reportes del Poder Judicial del Estado, Nuevo León enfrenta un rezago alarmante en su capacidad de respuesta legal. Con apenas 2.6 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, la entidad se ubica en el lugar 30 de 32 a nivel nacional, superando únicamente a Puebla y Chiapas. Esta cifra contrasta drásticamente con la media nacional recomendada de 3.9, dejando al descubierto un sistema saturado que lucha por procesar miles de expedientes.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Laura Perla Córdova, ha señalado que para cerrar esta brecha se requiere la incorporación inmediata de al menos 80 nuevos jueces. Actualmente, un solo juzgador en Nuevo León debe atender una carga de trabajo proporcionalmente mayor que en la mayoría de los estados, lo que deriva en audiencias diferidas y sentencias que tardan meses, o incluso años, en concretarse.

La crisis presupuestal como freno

El principal obstáculo para revertir esta situación es la incertidumbre presupuestal. Para este 2026, el Poder Judicial solicitó un incremento del 37% en sus recursos para abrir 288 nuevas plazas y descentralizar servicios. Sin embargo, la falta de acuerdos en el Congreso del Estado ha llevado a una «reconducción presupuestal» (repetir el presupuesto de años anteriores), lo que impide la contratación de personal y la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

A pesar de este déficit, Nuevo León se mantiene como líder en productividad jurídica según el INEGI, lo que sugiere que el personal actual trabaja bajo una presión extraordinaria. Analistas advierten que esta «eficiencia por sobreesfuerzo» no es sostenible y que, de no asignarse los recursos necesarios este año, el acceso a la justicia para los ciudadanos de Monterrey y su área metropolitana podría verse seriamente comprometido.

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