El Senado argentino sanciona una ley histórica que flexibiliza el mercado de trabajo y busca fomentar el empleo formal ante la crisis
El gobierno de Javier Milei ha marcado un hito político tras la aprobación definitiva en el Senado de la nueva Ley de Modernización Laboral, considerada la reforma más profunda en Argentina desde 1974. La legislación introduce cambios estructurales destinados a reducir el llamado «costo argentino», facilitando la contratación de nuevos empleados y otorgando a las empresas una mayor previsibilidad financiera. El presidente celebró la noticia en redes sociales calificándola de «histórica», mientras defiende que estas medidas son esenciales para atraer inversiones y formalizar a los millones de trabajadores que hoy operan en la economía informal.
Entre los puntos más polémicos de la reforma se encuentra la modificación en el cálculo de las indemnizaciones, que ahora excluye conceptos como el aguinaldo y las vacaciones del monto final, reduciendo significativamente el costo de los despidos. Asimismo, se establece un «banco de horas» que permite extender la jornada laboral hasta las 12 horas diarias, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre turnos. Este sistema habilita a las empresas a compensar el tiempo extra con días libres en lugar de pagar horas extraordinarias tradicionales, una medida que el sector empresarial aplaude por su flexibilidad, pero que sindicatos denuncian como una pérdida de derechos adquiridos.
La nueva ley también incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo mediante el cual los empleadores realizan aportes mensuales para cubrir futuros despidos, similar al modelo utilizado en la industria de la construcción. Además, se imponen límites a la actividad sindical, exigiendo autorización previa para asambleas en los lugares de trabajo y tipificando como «infracción grave» los bloqueos a empresas. Mientras el Ejecutivo confía en que esta «motosierra laboral» dinamice la economía estancada, la oposición y diversas organizaciones sociales advierten sobre una creciente precarización y han convocado a nuevas movilizaciones en rechazo a la normativa.
