Los históricos aumentos al salario mínimo se enfrentan a una canasta básica que ignora los decretos y castiga el bolsillo de los mexicanos.
El incremento al salario mínimo ha sido la bandera principal de la política social de la 4T, pero hoy se enfrenta a su muro más alto: el mostrador de la tortillería. De poco sirve que la cifra en la nómina crezca si el costo del alimento más sagrado de la dieta nacional se ajusta al alza con una velocidad que la ley no puede frenar.
El llamado del gobierno federal para evitar aumentos «injustificados» necesita respaldarse de una estrategia económica sólida. Mientras las autoridades apelan a la ética comercial, los productores y empresarios dicen enfrentar presiones debidas al costo de insumos, energía y logística. Un control de precios basado en la presión política, y no en el alivio de los costos de producción, es una solución temporal que suele reventar por el eslabón más débil: el consumidor.
El mercado devora el excedente salarial de inmediato, el trabajador se queda atrapado en una carrera donde siempre corre en segundo lugar. La inflación alimentaria tiene un impacto regresivo; castiga a quienes menos tienen, convirtiendo el avance laboral en una estadística que desaparece al momento de hacer el mandado.
Es urgente pasar de la exhortación a la acción estructural en el campo y las cadenas de suministro. La 4T sabe que el éxito de un modelo económico no se valida en las gráficas de macroeconomía, sino en la capacidad de compra de las familias más vulnerables. Si el precio de la tortilla sigue escalando, no habrá aumento salarial que baste para cubrir la brecha entre las buenas intenciones del gobierno y la mala leche de los empresarios.
