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Histórico: SEGOB prohíbe plazos de espera para buscar a personas desaparecidas

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El nuevo Protocolo Homologado obliga a las autoridades a activar operativos de búsqueda desde el primer segundo del reporte y responde a años de exigencias de los colectivos de madres buscadoras

En un paso decisivo ante la crisis de desapariciones en el país, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó este miércoles 25 de marzo en el Diario Oficial de la Federación una actualización crítica al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La nueva normativa establece como eje central la activación inmediata de operativos, prohibiendo terminantemente que las autoridades condicionen el inicio de la búsqueda al transcurso de horas o días, eliminando así cualquier pretexto burocrático sobre plazos de espera.

El documento oficial es tajante al señalar que la búsqueda debe iniciarse de manera inmediata y no puede estar sujeta al tiempo transcurrido desde la desaparición. Con esta reforma, las fiscalías, comisiones de búsqueda y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno quedan obligadas legalmente a actuar bajo un esquema de coordinación obligatoria desde el momento exacto en que se recibe un reporte. Esta medida formaliza el principio de reacción inmediata como el estándar nacional de operación, reconociendo que las primeras horas son determinantes para la localización con vida de las víctimas.

Además de la celeridad operativa, el acuerdo reconoce formalmente el derecho de las familias y colectivos a participar activamente en los procesos de rastreo, estableciendo lineamientos claros para su acompañamiento por parte de las instituciones. Esta modificación ocurre en un contexto de alta relevancia política, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente que esta misma semana presentará la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para transparentar las cifras ante el aumento de reportes. La publicación en el DOF entra en vigor a partir de hoy, marcando un nuevo mandato de justicia y eficacia para todas las instituciones de seguridad en México.

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