El gobernador de Sinaloa con licencia aseguró que acudirá al Ministerio Público de la Federación «con la frente en alto»; la citación incluye a otros nueve funcionarios sinaloenses
La Fiscalía General de la República (FGR) citó de manera formal al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para rendir una declaración de entrevista ante el Ministerio Público de la Federación. Esta acción ministerial se deriva de una carpeta de investigación abierta en México a raíz de las acusaciones y solicitudes presentadas formalmente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos, las cuales vinculan a funcionarios públicos sinaloenses con presuntas actividades de narcotráfico y nexos con facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente con «Los Chapitos».
La medida de la FGR no se limita únicamente al mandatario estatal, sino que contempla a un total de 10 ciudadanos mexicanos oriundos de Sinaloa señalados por la justicia estadounidense. Entre las personas citadas a comparecer de igual manera se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Las investigaciones de las agencias norteamericanas apuntan a que Rocha Moya supuestamente sostuvo reuniones con líderes criminales antes de asumir el cargo en 2021, lo que desencadenó que la Interpol emitiera recientemente una ficha roja de localización. Sin embargo, el Gobierno federal ha descartado por el momento un arresto con fines de extradición inmediata, argumentando que Washington aún no presenta evidencias concluyentes ante las instancias mexicanas.
Tras la notificación del citatorio, Rubén Rocha Moya reapareció públicamente en sus redes sociales para confirmar que atenderá el llamado judicial a la brevedad. El mandatario con licencia defendió su inocencia declarando: «No tengo nada que temer, mi biografía testimonia lo que soy», asegurando que comparecerá con la certeza de que la verdad prevalecerá. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó el actuar de la Fiscalía al señalar que estos requerimientos no constituyen una imputación directa ni un juicio definitivo, sino que forman parte de los procedimientos ordinarios y exhaustivos de investigación que el Estado mexicano debe realizar de forma soberana para esclarecer el caso.
