Las acusaciones de «censura» contra la nueva ley que protege los derechos de las audiencias caen por su propio peso al desmentir la narrativa corporativa de personajes grises como Ricardo Salinas Pliego.
El discurso que califica el proyecto sobre los Derechos de las Audiencias como una ley de censura es una falsedad construida sobre intereses comerciales. La realidad desmiente el mito: la regulación no borra publicaciones, no sanciona opiniones en redes sociales ni persigue al periodismo independiente. Su único propósito sobre el espacio radioeléctrico —que pertenece a la nación— es obligar a las televisoras y cadenas de radio a colocar avisos claros para que el público distinga cuándo está escuchando una noticia veraz, cuándo una simple opinión personal y cuándo un segmento pagado.
El caso más ruidoso de esta resistencia lo encabeza Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien ha tachado la medida como «uno de los peores ataques a la libertad de expresión». Sin embargo, la narrativa del magnate omite que exigir transparencia editorial no es limitar lo que puede decir, sino impedir que sus concesiones usen la pantalla para hacer pasar propaganda corporativa por información objetiva. El verdadero malestar del empresario no es la pérdida de libertad, sino la obligación de rendir cuentas ante los televidentes que por décadas ha intentado manipular sin freno.
Desde el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha desmentido rotundamente que exista persecución o un intento de silenciar a la oposición. El proyecto no impone líneas editoriales ni le otorga al Gobierno el poder de aprobar contenidos; se limita a fortalecer mecanismos de autorregulación como las Defensorías de la Audiencia y a garantizar el derecho de réplica. De hecho, ante las críticas, el propio Gobierno llamó a una consulta pública abierta para ajustar el texto y evitar cualquier resquicio que ponga en riesgo la verdadera libertad de informar.
Al final, el debate no gira en torno a la censura, sino al fin de la impunidad mediática. Quienes confunden intencionalmente la regulación del espacio público con un ataque a la democracia defienden el privilegio de desinformar sin consecuencias. Exigirle a los gigantes de la televisión que dejen de engañar a su audiencia etiquetando adecuadamente lo que transmiten no silencia voces; al contrario, le devuelve al ciudadano el poder de decidir con información transparente.
