El Departamento de Justicia amplía la acusación contra el líder del CJNG, sumando cargos de conspiración internacional y uso de armas de fuego
Las autoridades judiciales de Estados Unidos han escalado la ofensiva legal contra Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», mediante una acusación formal sustitutiva que endurece significativamente las posibles penas en su contra. El nuevo documento presentado por el Departamento de Justicia no solo ratifica los cargos de tráfico masivo de fentanilo y cocaína, sino que añade delitos de conspiración internacional para la distribución de sustancias controladas y posesión de armas de fuego para fines de narcotráfico. Con esta ampliación, el presunto sucesor de «El Mencho» se enfrenta ahora a una sentencia máxima de cadena perpetua obligatoria en caso de ser capturado y declarado culpable.
El endurecimiento de la postura de Washington responde a la peligrosidad que representa la estructura operativa liderada por Flores Silva, a quien se le atribuye la supervisión de vastas redes de producción de drogas sintéticas que han cobrado miles de vidas por sobredosis en territorio estadounidense. Los fiscales federales detallaron que «El Jardinero» coordina una logística violenta que utiliza armamento de grado militar para proteger sus cargamentos y eliminar rivales, lo que justifica la aplicación de las leyes más severas del código penal federal. Esta acción busca enviar un mensaje contundente a la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sobre las consecuencias de liderar el tráfico de precursores químicos.
La designación de Flores Silva bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) permite además el congelamiento de sus activos financieros y bloquea cualquier transacción con entidades estadounidenses, asfixiando su capacidad de maniobra económica. El gobierno de EE. UU. mantiene activa la recompensa de 5 millones de dólares y ha intensificado la colaboración con agencias de inteligencia mexicanas para lograr su localización. Analistas sugieren que este nivel de prioridad judicial coloca a «El Jardinero» en el mismo nivel de importancia que figuras históricas del narcotráfico, marcando un punto crítico en la estrategia binacional contra los cárteles de la droga.
