La nueva reforma en materia de integridad electoral busca impedir de raíz la postulación de «narcopolíticos» mediante una fiscalización interinstitucional
El pleno del Congreso de la Unión aprobó un dictamen de reforma clave para el blindaje democrático del país, el cual formaliza la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. El propósito medular de este nuevo órgano especializado es investigar rigurosamente los antecedentes de las personas que aspiren a un puesto de elección popular, garantizando que no posean vínculos económicos, operativos o nexos delictivos con las organizaciones de la delincuencia organizada y evitar así su infiltración en las estructuras de gobierno.
De acuerdo con el proyecto impulsado por la administración federal, las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) contemplan un esquema de revisión conjunta sin precedentes. La nueva comisión actuará de forma coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE), pero fundamentará sus indagatorias en reportes de inteligencia estratégica provistos de primera mano por la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Durante el debate parlamentario en la sesión extraordinaria, legisladores defensores del dictamen sostuvieron que poner candados oficiales a las postulaciones es un paso impostergable para erradicar las llamadas «narcocandidaturas», un fenómeno criminal que vulnera la seguridad de los municipios y estados. Pese a que las autoridades precisaron que la decisión de sostener o de bajar las postulaciones seguirá recayendo bajo la responsabilidad y normativas de los partidos políticos, la comisión proveerá la evidencia suficiente para invalidar y detener de origen el avance institucional de perfiles bajo sospecha.
