El organismo activa mecanismo de urgencia ante la Asamblea General; la Cancillería mexicana rechaza el informe por considerarlo sesgado
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU determinó llevar el caso de México ante la Asamblea General con carácter de urgencia, activando un protocolo reservado para situaciones de especial gravedad. El organismo internacional solicitó que se consideren medidas extraordinarias para apoyar al país en la prevención y erradicación de este flagelo, señalando que la magnitud y el patrón de los ataques contra civiles podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Como evidencia, el CED citó el hallazgo persistente de fosas clandestinas y la existencia de más de 76 mil restos humanos sin identificar.
En respuesta, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó categóricamente la resolución al calificarla de «tendenciosa» y carente de rigor jurídico. La cancillería argumentó que el informe no refleja la realidad actual ni los avances institucionales logrados desde 2019, incluyendo reformas legislativas recientes y la creación de herramientas tecnológicas de búsqueda. Según las autoridades mexicanas, el CED omitió información actualizada presentada por el Estado y basó su decisión en hechos ocurridos en administraciones pasadas, entre 2009 y 2017.
A pesar de la postura del gobierno, el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, lamentó que la situación no haya mostrado una mejora sustancial desde la última visita oficial en 2021. Mientras la administración federal sostiene que no existe una política sistemática de desaparición forzada por parte de agentes del Estado, el organismo internacional insiste en la necesidad de una intervención coordinada para resolver la crisis forense y de justicia que afecta a miles de familias. El debate subraya la creciente tensión entre los mecanismos de derechos humanos de la ONU y la estrategia de seguridad nacional de México.
