Impulsan reforma penal para castigar la difusión de imágenes sensibles por parte de funcionarios
En el Congreso de Nuevo León ha tomado fuerza la iniciativa para aprobar la «Ley Ingrid», una reforma que busca sancionar con rigor a los servidores públicos que filtren o difundan imágenes, audios o videos de víctimas de feminicidio. La propuesta surge como una respuesta urgente a la constante revictimización que sufren las mujeres y sus familias cuando material gráfico de las escenas del crimen se vuelve público. Los legisladores locales argumentan que es imperativo garantizar el derecho a la dignidad y a la memoria postmortem, evitando que el dolor ajeno sea utilizado con fines de morbo o lucro.
La normativa contempla penas de prisión y multas administrativas para policías, peritos, personal forense o cualquier funcionario que, aprovechando su acceso a la investigación, comparta evidencia sensible. Durante las mesas de trabajo, colectivos feministas y defensores de derechos humanos han subrayado que estas filtraciones no solo lastiman la integridad de las víctimas, sino que también pueden contaminar los procesos judiciales y entorpecer la impartición de justicia. La intención es que Nuevo León se homologue con otras entidades del país que ya cuentan con este blindaje legal.
De aprobarse esta ley, las autoridades estatales estarían obligadas a implementar protocolos más estrictos en la cadena de custodia de las evidencias en delitos de género. Los impulsores de la reforma confían en que este sea un paso decisivo para erradicar la violencia institucional y mediática que históricamente ha rodeado a los casos de feminicidio en la entidad. Se espera que la votación en el pleno se realice en los próximos días, marcando un avance significativo en la agenda de protección a las mujeres en el estado.
